El conflicto de la tierra en Paraguay, y su marco legal internacional

Después de la crisis global dejada por la Pandemia, en nuestro país, una vez más se hacen públicas las reivindicaciones campesinas e indígenas por el derecho al acceso a la tierra y la regularización de la tenencia de la tierra para la agricultura familiar campesina y no solamente, sino que también exigen la condonación de la deuda campesina, la reactivación productiva de la agricultura familiar campesina sin dejar de lado la recuperación de los territorios ancestrales, pertenecientes a las poblaciones indígenas.

EL Estado Paraguayo tiene asumidas numerosas responsabilidades y obligaciones internacionales adoptados mediante tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como:  la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado en 1992, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado también en 1992.

El artículo 25 de la DUDH y el artículo 11 del PIDESC consagran el derecho de toda persona a un nivel adecuado de vida, incluyendo la alimentación. El artículo 11 del PIDESC reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar libre de hambre y obliga a los Estados Parte del PIDESC a adoptar medidas y programas concretos para este fin, dentro de los que se menciona explícitamente la reforma de los regímenes agrarios.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) órgano que controla el cumplimiento del PIDESC, elaboró una observación General N° 12 de 1999 sobre el Derecho a la Alimentación adecuada. En su párrafo 8 aclara el contenido básico del derecho mencionado:

− la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; refiriéndose esto a la explotación de la tierra productiva o mediante sistemas de distribución y comercialización adecuada según la demanda (OG12, Pr.12)

 − la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos, esta accesibilidad es de dos tipos económica y física.

La accesibilidad económica implica que los costos financieros personales o familiares asociados con adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado deben estar a un nivel tal que no se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas.

El CDESC resalta explícitamente que los grupos socialmente vulnerables como las personas sin tierra y otros segmentos particularmente empobrecidos de la población pueden requerir la atención de programas especiales que les garanticen la accesibilidad económica a los alimentos.

La accesibilidad física implica que la alimentación adecuada debe ser accesible a todos, refiriéndose a los individuos físicamente vulnerables, a las personas que viven en zonas propensas a los desastres y a otros grupos particularmente desfavorecidos. La OG hace mención explícita en este punto de los pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado (OG 12, par.13).

De lo anterior se deduce que la disponibilidad alimentaría está directamente ligada al acceso y cultivo de la tierra, no puede existir una cosa sin la otra en un país meramente agrario como el nuestro.

Por la estrecha relación del acceso a la tierra con el derecho a la alimentación los Estados partes del PIDESC están obligados a respetar, proteger, y realizar el acceso a la tierra porque forma parte del contenido básico del derecho a la alimentación y es de vital importancia para el sector campesino, el indígena y aquellas personas que viven en zonas rurales y que no disponen de alternativas para generar medios de vida.

Como consecuencia de la obligación de respetar el acceso a la tierra se desprende la necesidad de garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra y la prohibición de llevar a cabo prácticas de desalojos forzosos y desplazamiento de forma arbitraria.

¿Entonces, por donde pasa las obligaciones de los Estados? ¿Y concretamente de Paraguay?

La obligación de hacer efectivo el acceso a la tierra pasa por el deber del Estado de implementar una reforma agraria que garantice el acceso a la tierra, lo cual lo puede realizar mediante políticas de reforma agraria, Y empleando los indicadores correspondientes de la ejecución.

Y siguiendo al relator especial Jean Ziegler, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con la resolución 56/155 de la Asamblea General, de 15 de febrero de 2002. U.N. Doc. A/57/356, párrafo 25, hay elementos que deben reunirse para que una reforma agraria sea efectiva y son las siguientes:

1.            la reducción radical de las desigualdades en la distribución de la tierra,

2.            la redistribución de tierras en cantidad y calidad adecuadas,

3.            los títulos de propiedad seguros,

4.            los registros de tenencia de tierra exactos y actualizados,

5.            el acceso suficiente a otros insumos como crédito, agua, transporte, servicios de extensión e infraestructura,

6.            las burocracias de administración de tierra eficientes, justas y adecuadamente financiadas,

7.            y el vencimiento de obstáculos políticos para la reforma.

Después de lo expuesto surge la pregunta del porqué el Estado Paraguayo sigue postergando indefinidamente una Reforma Agraria efectiva, siendo que somos un país de poco más de 7 millones de habitantes con una extensión de tierra parecida a la de España, un país que cuenta con más de 46 millones de habitantes, las comparaciones son odiosas, pero necesarias.

El reparto y adjudicación, así como la tenencia de la tierra en una asignatura pendiente de la justicia paraguaya. Ausencia de justicia que a fechas de hoy trae consigo malestar social, criminalización del campesinado y los indígenas, así como la defensa de los grandes terratenientes, todo ello desemboca en constantes violaciones de Derechos Humanos.

Es claro que con el partido que viene gobernando el Paraguay, el Partido Colorado, poco y nada de reforma agraria podemos esperar, entonces cabe repensar seriamente hacia dónde queremos caminar como sociedad. Está más que claro que con el gobierno de los colorados el camino seguirá siendo la de la descampesinización y la migración masiva de campesinos a las ciudades a quienes les aguarda un destino más turbio aún, que en el campo.

Por: Ana Leydis Jiménez de Molar, escritora y politóloga

Facebook Commentarios

Leer Anterior

Advierten sobre campaña de desinformación contra organizaciones civiles que promueven defensa de derechos

Leer Siguiente

MADES hace la “vista gorda” y permite que desaparezca patrimonio natural

A %d blogueros les gusta esto: