CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD y la Constitución de 1992

Desde que se promulgó la Ley Nº 6524, que declara Estado De Emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay se desarrollaron unas series de acontecimientos en la vida política que afectan gravemente la salud de nuestra democracia.

La mencionada Ley en su artículo 3 párrafo segundo menciona que: Son entidades directamente afectadas a la atención de la emergencia sanitaria hasta 15 (quince) Instituciones entre ellas Secretarias y Ministerios dependientes del Poder ejecutivo, entre ellas se mencionan: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y Secretaría Nacional Anticorrupción, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto de Previsión Social (IPS), Petróleos Paraguayos (PETROPAR) entre otras.

Cito solo las instituciones anteriores porque son las que desde el inicio del Estado de Emergencia estuvieron envueltas por graves casos de corrupción que dejan nuestra ya pisoteada y maltratada democracia en Unidad de Terapia Intensiva con un diagnostico de pocas o nulas posibilidades de resistir a los sucesivos ataques que se producen dentro de sus instituciones.

En pleno inicio de la cuarentena total y mientras los ciudadanos estábamos obligados a estar encerrados en el seno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) se cocinaban suculentas y jugosas comisiones que se repartirían entre los mismos de siempre (CLAN FERREIRA) EUROTEC S.A E IMEDIC S.A dichas empresas están siendo supuestamente sumariadas y suspendidas en sus actividades, sin embargo, solo hay que ver las noticias para darse cuenta que siguen operando con el MSPBS sin ningún tipo de restricciones hasta hoy día.

Otra bofetada que recibió el pueblo paraguayo durante el encierro fue LA CORRUPCION DENTRO DE LA DINAC, donde se sobrefacturaron la adquisición de mascarillas de protección. Todos ya sabemos cómo terminó este caso, con la renuncia de Edgar Melgarejo, hasta hoy, no sabemos si profundizaron en las investigaciones o ya se quedó el “oparei”.

Seguimos, con el CASO DE CORRUPCION DENTRO DE PETROPAR por sobrefacturación en compras de agua tónica, que terminó con la dimisión de la titular de la institución, Patricia Samudio. Sabemos hasta hoy que la fiscalía prosigue con la investigación del caso. Estamos a la espera de ver cómo se resuelve la cuestión.

IPS no se salva de la PLAGA DE CORRUPCION que azota nuestro país, se destapan irregularidades en compras de insumos y camas hospitalarias. No se salvó el Ministerio de Agricultura y Ganadería que también se quedó sin su titular por casos de corrupción y negociado sobre las meriendas de los niños y niñas durante su mandato en el Guaira. Sacarle comida de la boca a la infancia, no tiene nombre.

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Y así, podemos ir citando innumerables casos, unos tras otros se suceden como si nada y nadie pudiera pararles. ¡Y con toda razón siguen! En todos los casos mencionados vemos cómo renunciaban a sus cargos los titulares de las instituciones, pero en contrapartida todos los involucrados quedan impunes hasta ahora.

Y para que la Justicia funcione necesitamos un Ministerio Público independiente, con fiscales incorruptibles y muy importante es revisar el sistema de designación de los miembros del Poder Judicial, porque para la designación para los cargos de jueces, camaristas, fiscales, defensores y otros servidores públicos intervienen El Consejo de la Magistratura, el Presidente de la República, y la Cámara de Senadores. Con tal sistema de designación jamás tendremos una justicia independiente.

¡Y que se debe hacer para cambiar esta situación!: el sistema de designación de los miembros del Poder Judicial está regulado en la Constitución de 1992, en la Parte II, Titulo II, Capitulo III Del Poder Judicial.

Así pues, y a la luz de los hechos, es preciso y urgente modificar la Constitución de 1992, que se diseñó para que gobernase el Partido Colorado, imperante en aquel entonces y que sigue hasta hoy, gobiernos sucesivos que solo miran y gobiernan para una casta sofisticadamente acomodada, que hacen y deshacen a su antojo y que mandan aplicar las leyes de manera desigual e injusta para con los ciudadanos paraguayos.

Ahora que ya saben dónde está el origen de la imparable PLAGA DE CORRUPCION en nuestra nación, tienen que pensar en cómo vamos a poder modificar nuestra Constitución, porque los que se benefician de ella jamás la van a alterar, ya que atentaría directamente contra los intereses de una casta privilegiada que nos gobierna.

Autora: Ana Leydis Jiménez de Molar. Politóloga y escritora

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