Analista sostiene que la corrupción endémica de Paraguay no terminará sin la intervención de Estados Unidos

“La corrupción endémica de Paraguay no terminará sin la intervención de Estados Unidos”, sostiene el analista Emanuele Ottolenghi, en nuevo artículo publicado ayer en el portal The National Interest.

“El sistema financiero de Asunción está comprometido: el financiamiento del terrorismo, el contrabando de cigarrillos, el comercio de productos falsificados, el contrabando y la evasión de impuestos alimentan el fraude y atraen al crimen organizado como un imán” señala el artículo.

Otolenghi cuyo informe al Congreso Norteamericano ya había señalado a conocidos personajes de la política local como protectores de la organización terrorista Hezbollah, vuelve nuevamente con un artículo, basado en la reciente expulsión del libanés Assad Ahmad Barakat, hecho al que califica como un mero espectáculo de las autoridades.

“El 8 de abril, después de un calvario judicial de tres años, Paraguay condenó al financista de Hezbollah Assad Ahmad Barakat a dos años y seis meses por falsificación de pasaportes y fraude migratorio. Barakat ya cumplió su condena mientras esperaba el juicio, y las autoridades paraguayas lo expulsaron rápidamente a Brasil. Para un país que durante décadas acogió con impunidad las redes de financiación del terrorismo de Hezbollah, condenar a Barakat, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2004, parece un cambio bienvenido. No lo es. La expulsión de Barakat no cambia nada. Las redes de Hezbollah en el área no se ven afectadas y sus partidarios ya elogian su regreso a casa como una victoria”, señala el artículo.

Ottolenghi recuerda también el caso del diputado colorado por Alto Paraná, Ulises Quintana, a quien el gobierno de Joe Biden, señaló recientemente como significativamente corrupto y prohibició su ingreso al país. Al respecto sostiene que la administración Biden “debe reconocer que Paraguay sigue siendo un refugio para el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo gracias a sus élites políticas corruptas. A menos que Washington mantenga su atención y presión sobre los líderes paraguayos, Asunción solo hará un espectáculo, muy parecido a la expulsión de Barakat, pero hará poco más para abordar la corrupción sistémica que incita al crimen dentro de sus propias fronteras”.

El analista sostiene también que durante décadas, “desde el derrocamiento en 1989 del dictador fascista de Paraguay, Alfredo Stroessner, las viejas élites del país han abrazado la democracia mientras se benefician del legado de Stroessner: una estructura de poder en gran parte corrupta, fuertemente comprometida por una economía sumergida de contrabando y tráfico ilícito. Los motores gemelos de esa economía siguen siendo fronteras vastas y porosas y prósperos centros de lavado de dinero a lo largo de las fronteras del país, especialmente en la notoria Área de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Desde la década de 1980, Hezbollah ha construido un sofisticado centro de lavado de dinero basado en el comercio en el corazón de una zona libre de comercio minorista en Ciudad del Este, en el lado paraguayo de la Triple Frontera”.

Afirma igualmente que la economía ilícita de la Triple Frontera representa una seria amenaza para la integridad del sistema financiero de Estados Unidos ya que una gran cantidad de mercaderías enviadas a la zona, para alimentar esquemas ilícitos, transita por los Estados Unidos. “También lo hacen los pagos, que, como muestra un número creciente de casos que se están juzgando actualmente en Estados Unidos, están exponiendo el sistema financiero estadounidense al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo”.

El sistema financiero de Paraguay está comprometido: el financiamiento del terrorismo, el contrabando de cigarrillos, el comercio de productos falsificados, el contrabando y la evasión de impuestos alimentan el fraude y atraen al crimen organizado como un imán. Numerosos sindicatos criminales han establecido su presencia allí en los últimos años, donde engrasan al sector público para asegurar la complicidad en sus actividades delictivas. La creciente preocupación internacional ha presionado a Asunción para que cambie de rumbo, pero hasta ahora ha tenido poco efecto. Incluso cuando la legislatura de Paraguay aprobó nuevas leyes para mejorar sus regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la brecha entre las intenciones declaradas y los resultados reales permanece”.

Según Ottolenghi, los casos de las investigaciones contra Ulises Quintana y Barakat demuestran que los fiscales paraguayos, al menos aquellos que no están a sueldo de políticos y redes criminales, continúan investigando tenazmente el crimen, lo que da esperanza de que aún se puede “encontrar integridad entre sus servidores públicos”. Recuerda también que bajo una mayor presión y escrutinio, Paraguay también cooperó con Estados Unidos en el arresto y extradición de tres presuntos traficantes y financieros de Hezbolá: Ali Issa Chamas en 2017, Mahmoud Ali Barakat en 2018 y Nader Mohamad Farhat en 2019. Y en 2019, Paraguay designó a Hezbollah como organización terrorista.

El artículo también hace mención al creciente financiamiento de campañas políticas de las organizaciones criminales y que la impunidad sigue siendo el grave problema, porque los casos investigados rara vez llegan a una condena. “Sin embargo, con algunas excepciones, las investigaciones rara vez arrojan condenas, algo que se lamenta regularmente en el Informe anual sobre la estrategia de control internacional de estupefacientes del Departamento de Estado al Congreso. La corrupción sabotea el curso de la justicia la mayoría de las veces, y los políticos toman dinero de las redes criminales para financiar sus campañas electorales a cambio de cobertura política e inmunidad judicial”.

“Barakat ha operado con impunidad durante más de dos décadas en este entorno corrupto, a pesar de los ocasionales enfrentamientos con la justicia local y la designación del Tesoro de los Estados Unidos en 2004. En 2018, el gobierno argentino, bajo el entonces presidente Mauricio Macri, dio un paso sin precedentes investigando una red de lavado de dinero en la Triple Frontera vinculada a la familia Barakat, que estaba moviendo efectivo a Argentina y usando un casino local para lavarlo”, menciona Ottolenghi.

Según el analista la investigación contra Barakat fue solamente una forma de responder a la creciente presión de Estados Unidos y la atención internacional a fin de demostrar que Paraguay también estaba listo para controlar las redes locales de financiamiento del terrorismo. “En agosto de 2018, las autoridades paraguayas acusaron a Barakat por falsificación de pasaportes y emitieron una orden de arresto internacional para su captura. Las autoridades brasileñas lo arrestaron poco después en la ciudad brasileña de Foz do Yguazu, el sitio principal de las actividades de financiamiento del terrorismo de Hezbollah en el área.

Brasil finalmente extraditó a Barakat a Paraguay. Siguió un juicio rápido que condujo a la expulsión. Sin embargo, expulsar a Barakat a Brasil, donde es residente permanente, no tiene sentido. Brasil no tiene ningún caso abierto en su contra. Cumplió su condena. Y aunque técnicamente Barakat no puede volver a Paraguay nunca más, el cruce fronterizo en la región de la Triple Frontera no es exactamente una barrera infranqueable”.

“Además, la mayoría de los dueños de negocios que operan en Ciudad del Este viven del lado brasileño. Las instituciones comunales controladas por Hezbollah para los treinta mil miembros de la comunidad chiíta en el área están del lado brasileño. Incluso en el «exilio», Barakat puede seguir participando en sus actividades corruptas”.

Recuerda una vez más el caso de Ulises Quintana y la sanción de Washington, como un mensaje a las autoridades paraguayas. “La administración Biden ha hecho de la lucha global contra la corrupción, una piedra angular de su política exterior. El anuncio de la semana pasada en Estados Unidos de que a Quintana y su esposa se les prohíbe a partir de ahora ingresar a Estados Unidos por motivos de corrupción y de ayudar al crimen organizado transnacional es una clara señal de que Paraguay debe hacer más. Sin embargo, eso también se aplica a Washington. Las acciones esporádicas de Paraguay hasta ahora no han logrado interrumpir la intrincada red del crimen organizado y el financiamiento del terrorismo que explota sus fronteras porosas y su gobierno corrupto. Sin embargo, estas acciones también muestran que sus élites gobernantes responden a la presión de Washington. Es por eso que las sanciones de Estados Unidos contra Quintana no deberían ser el final del juego, sino el comienzo de una campaña sostenida donde ningún político corrupto o figura criminal debería estar fuera de su alcance”.

Finalmente el analista acusa a las autoridades paraguayas de practicar un gatopardismo, en el sentido de simular un cambio de rumbo, para que todo siga igual. “Paraguay está haciendo lo mismo. Su cúpula gobernante logra fingir que está cambiando de rumbo para que todo siga igual. Depende de Washington asegurarse de que el cambio sea real”.

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